Al quedarse sin la posibilidad de conducir, muchas personas sienten un impacto directo en su vida cotidiana o laboral, lo que las motiva a regularizar su deuda.

Impide que el deudor salga del país mientras mantenga la deuda pendiente. Esto asegura que no pueda evadir sus responsabilidades huyendo al extranjero y refuerza su obligación de ponerse al día con los pagos. 

Como último recurso, el tribunal puede decretar el arresto del deudor. Aunque esta medida puede ser vista como severa, tiene un fuerte efecto disuasorio y es una manera efectiva de asegurar el cumplimiento en casos graves de incumplimiento.